La vigencia de la ley que concentra en Tierra del Fuego la fabricación de productos electrónicos como celulares, cámaras digitales o monitores, –más conocida como el “impuestazo” tecnológico– poco a poco va redefiniendo la escena de negocios en esa provincia que, en las últimas semanas sumó, proyectos impulsados por Brighstar, NewSan y BGH, y hasta podría ser el centro regional de desarrollo de los exitosos Blackberry.
Desde que se hizo público, el “impuestazo” recibió críticas desde un amplio abanico de sectores, incluidos los importadores, retailers, compañías de celulares y hasta asociaciones de consumidores,
con el argumento de que su sola sanción provocaría un encarecimiento de los bienes tecnológicos y hasta una creciente escasez de novedades en las góndolas argentinas.
Más allá de esta resistencia por parte del sector empresario, lo cierto es que las compañías instaladas en la isla bajo el paraguas de la normativa que –aseguran– les da una mayor competitividad, realizaron anuncios de inversión por alrededor de $300 millones hasta el año 2014.
Pero no todas son rosas en el extremo más austral de la Argentina. Como contracara, ahora el territorio fueguino es escenario de una fuerte controversia que viene sumando capítulos semana a semana.
Así,
tanto habitantes como autoridades gubernamentales discuten la conveniencia de imponer un marco legal que limite la radicación de aquellas personas que ahora llegan a la isla, atraídas por la creciente oferta laboral que promueve el “impuestazo”.La iniciativa ya ha depsertado bastante polémica. Prioridad para las personas con más de 5 años de residencia en Tierra del Fuego e inclusión de jóvenes locales son algunas de las pautas que integran el proyecto normativo elaborado por vecinos y organizaciones de Río Grande.
Por el lado del Gobierno provincial,
el oficialismo impulsa acuerdos con las empresas para que éstas prioricen la contratación de ex operarios y estudiantes formados en suelo fueguino.
Gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no se quedaron atrás y avanzaron en la firma de convenios con distintas fábricas para promover iniciativas, como el programa “Primer Empleo Joven”, que también coloca en el podio de la nómina de potenciales contratados a los egresados de centros educativos fueguinos.
Estas iniciativas fueron confirmadas a
iProfesional.com por
Leonardo Gorbacz, secretario de Comunicación Institucional de la provincia de Tierra del Fuego, quien reconoció que “en algunos sectores hay inquietud respecto de que los nuevos puestos de trabajo sean ocupados por gente de otras provincias del país”.
El tenor poco tolerante de algunas de estas propuestas ha provocado que incluso representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la entidad que nuclea a las tecnológicas con asiento en la isla, tomaran distancia de estas iniciativas para rotularlas, directamente, de “
disparate xenófobo”.
Primero lo nuestro
Las propuestas para regular la radicación de personas comenzaron a ganar fuerza a las pocas semanas de confirmados los primeros proyectos de inversión en Tierra del Fuego.
Pero las ideas llegaron a su punto más avanzado el 1º de febrero, cuando un grupo de vecinos de Río Grande y Ushuaia dieron a conocer un proyecto que, entre otros puntos, fija como requisito a los productores de dispositivos electrónicos que toda persona contratada tenga 5 años de residencia en la zona.
Martín Medina y Gonzalo Avendaño, publica el matutino fueguino El diario del Fin del Mundo, son los impulsores del polémico proyecto que quieren que sea tratado cuanto antes por el Concejo Deliberante de Río Grande y la Legislatura provincial.
“Queremos que se exija al menos cinco años de residencia porque no puede ser que hay gente que se baja del avión, sin un peso, y consiguen trabajo en menos de una semana mientras que acá hay hijos de antiguos pobladores que nunca tuvieron la posibilidad de conseguir un trabajo estable”, comentó Medina, en declaraciones divulgadas por la fuente mencionada.
Consultado por este tema, el secretario de Comunicación Institucional de la provincia de Tierra del Fuego, Leonardo Gorbacz, reconoció a iProfesional.com que el Gobierno que encabeza Fabiana Ríos negocia con las empresas para que, al momento de tomar más personal, privilegien la contratación de operarios fueguinos.
“Se está charlando con las empresas para que contraten así. Se está hablando para que le den prioridad a las personas que estaban trabajando en las fábricas y quedaron desocupadas. En según término, la UOM firmó un convenio con las empresas para impulsar el primer empleo joven”, dijo a este medio.
La distancia de AFARTE
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) su presidente, Alejandro Mayoral, buscó distanciarse de las pautas de radicación que hoy se discuten en la isla.
“Eso es un disparate xenófobo. Una cosa de locos. El caso es abstracto, porque las empresas lo que van a hacer es, habiendo 1.200 personas desocupadas por la baja en la actividad que hubo, retomar la contratación de gente que ya trabajó”, señaló a iProfesional.com.
Y agregó: “Igualmente, es una locura que una provincia pretenda ponerle restricciones a otro argentino. No tiene ninguna legalidad y es algo absurdo. Ahora, que las empresas tengan intención de darle prioridad a una persona que está desempleada y conoce el trabajo me parece natural”.
A la par de este escenario, distintos analistas no dudaron en señalar que las consecuencias de la aprobación del “impuestazo” tecnológico ya se pueden apreciar en la suba de valores que exhiben algunos productos electrónicos.
“Todo lo que es celulares se ha incrementado. Si bien hay variaciones que dependen de los equipos y las estrategias de cada compañía, lo cierto es que los cambios de precios se perciben”, comentó a
iProfesional.com Pablo Tedesco, director de la consultora TBI Unit.
“Por citar un caso,
hay modelos de Motorola dotados con software de Google que –comercializados por Personal– antes se vendían a $999 y ahora el mismo equipo se ofrece a 1.299 pesos”, ejemplificó.
Para Tedesco, las subas “tienen un vínculo directo con lo que sucede ahora en Tierra del Fuego”.
“A eso hay que sumarle que se llegó a un techo en lo que hace a colocación de líneas. Hoy en Argentina hay 33,5 millones de teléfonos activos. Por encima de esto,
habrá qué ver con qué calidad se producirán teléfonos en esa provincia y, desde luego, cuánto realmente se fabricará en ese lugar”, dijo.
Enrique Carrier, de la consultora Carrier & Asociados, sostuvo que la vigencia de subsidios “hace difícil medir claramente el impacto”. “Pero
si comparamos aquellos productos electrónicos que se venden sin subsidios, sin dudas se ve claramente el aumento. Un ejemplo son los monitores”, precisó.
Patricio Eleisegui© iProfesional.com
